El estado de derecho, en peligro

Es de las últimas cosas que pensé oír en mi vida. Me sentí traicionado y vilipendiado, sin formar parte de la situación. El Ministerio del Interior ha dado órdenes expresas a los cuerpos de seguridad del estado, para que no “incordien” o molesten las manifestaciones del movimiento de los indignados.

Al principio, creí o creímos que era una broma, después nos sentimos vapuleados, al rato decepcionados y después, ultrajados y engañados. Nos encontramos en la peor situación jamás imaginable: una economía dolida, un gobierno incapaz e inoperante, unas cámaras,donde la voz de la razón y la sensatez no tienen la fuerza suficiente para conseguir imponer orden frente al inepto gobierno, una moral social derruida, y ya, para rematar, nos encontramos ante una posición en la que el estado da protección política a los grupos radicales e intolerantes, que humillan física y psicológicamente a los de ideas opuestas o a los cuerpos de seguridad del estado.

El movimiento 15-M, pionero y movilizador de muchas personas que, siendo inocentes, pensaron que era hora de levantarse contra la ineficacia estatal y demostrar la mala actuación del gobierno actual, casi ha desaparecido. El movimiento, reconozco, me levantó pasiones porque, por fin, la juventud se levantaba contra lo impuesto pidiendo cambios lógicos e inteligentes. Podíamos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero todos teníamos esperanza en que alentase a más gente a pedir lo justo.

Sin embargo, pronto dieron soluciones que, dieron un duro viraje y ya, alejaron de si a esos valientes, en contra de los inoperantes gobernantes. El movimiento de indignados se ha desviado de su línea conciliadora y se ha convertido en un grupo radical, intransigente y cuasi revolucionario, al que se le ha dado alas desde el Ministerio del Interior, a seguir incordiando a la gente que pasea con normalidad, o que no respeta la libertad de paso por algunos lados (hacemos referencia, por cierto, a la Plaza del Sol) o la libertad del pensamiento (en referencia a la JMJ) pero, ¿qué podemos esperar, si desde el Ministerio del Interior, se le da total libertad, incluso, para vilipendiar a los propios policías?

Pero estos, dada la inoperancia estatal, se han puesto en marcha, y han denunciado al gobierno español, al Eurocop, en Estrasburgo, para que tome medidas de las actuaciones gubernamentales de nuestra nación, al ser muy benevolentes con los indignados.

 Todo ha venido por las órdenes, recibidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, por parte del comisario principal jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, José Villar del Saz Martínez, el cual, ante dos manifestaciones ilegales (una del movimiento de indignados y la otra, los contrarios al régimen de Gadafi) aquel día, 23 de agosto, en pos a la orden de servicio número 2164/11, decidió enviar ante la manifestación ilegal contra Gadafi, un subgrupo de las unidades de intervención compuesto por dos furgonetas, “en evitación de posibles incidentes”.

Además, en la misiva se les ordenaba “comunicar” a los manifestantes ilegales “que la concentración no está autorizada por la Delegación del Gobierno”. Si estos continuaban con la protesta pese a las advertencias, los policías debían “identificar a los más caracterizados”, para que la Delegación del Gobierno pudiera imponerles posteriormente la multa que tal comportamiento merece.

Sin embargo, y pese a que la actuación era correcta contra esa manifestación, las cosas cambian contra la manifestación de indignados, en la cual, Ante la concentración que los indignados convocaron esa tarde

el mismo comisario trasladó por escrito a los agentes, a través de la orden 2166/11, que el dispositivo de seguridad empleado fuera simplemente un equipo a distancia formado por una sola furgoneta, en lugar de movilizar un subgrupo de las unidades de intervención como se hizo ante la movilización contra Gadafi.

Además, las órdenes dadas en esta ocasión consistían en mantenerse alejados de la protesta, algo que en la práctica imposibilitaba identificar a los manifestantes ilegales para que la Delegación del Gobierno les multara, tal como establece el protocolo. La doble vara de Interior queda, pues, patente y al descubierto.

Esto es el resultado de intentar contentar a diversos grupos libres, pero radicales, para, suponemos, atraerlos a su esfera de influencia y conseguir más votos. Una apuesta que se lleva haciendo no con este grupo de indignados, con otras medidas polémicas, para atraer votos. ¿Por qué no se centran en respetar el estado de derecho, como piden los policías? Estos, se sienten traicionados y maltratados por las dos partes y, por eso, el U.F.P se ha movilizado ante la UE, para pedir protocolos de actuación frente a unas personas que vulneran el estado de derecho.

Estos respetan al máximo la ley y ya, cuando has sido maltratados al máximo, actúan por su propia cuenta, como en el caso de la menor que recibió una carga policial y, encima, son sancionados y menospreciados por ciertos periódicos de la izquierda. Los policías, según el portavoz del UFP, se movilizan “por la inacción del Gobierno y de responsables policiales y la diferenciación de trato con respecto a otras manifestaciones”.

“Requerimos una dependencia de jueces y fiscales en lugar de la actual gubernativa, para que no sucedan más tan lamentables incidentes casi a diario como están sucediendo en la actualidad, demostrando, que todo conflicto sociopolítico se acaba convirtiendo en un conflicto policial".

"Y nosotros, la Policía, no tenemos la culpa de nada, solo de trabajar turnos inacabables, de aguantar todo tipo de vejaciones, doblando servicios y dando seguridad a todos, a los que libremente quieren circular por las calles con todos sus derechos, y a aquellos que se lo impiden un día tras otro, infringiendo claramente la Ley. Y ya estamos hartos” afirmaba el portavoz.

La UFP culpabiliza de esta situación en primer lugar a los 'indignados' por "no querer aceptar el juego democrático de un Estado de Derecho" y después, a la delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión, y al anterior ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y al actual ministro del ramo, Antonio Camacho, "porque no han salido nunca a defender a su Policía y han hecho oídos sordos a las quejas reiteradas". La delegada del gobierno, en especial, ha sufrido importantes criticas porque, al principio, se oponía al paso de la marcha “anti-papa” por sol, y después vario al sí.


No se pueden permitir tales ataques constantes contra la libertad, sino, me veo con la dificultad de seguir diciendo que la tolerancia, en España, existe, y todo por los votos a captar. El PSOE quiere votos, y los consigue, a costa de todo y todos los españoles. El estado de derecho se encuentra, más que nunca, en peligro.